El debate en torno al futuro del zoológico se inició el año
pasado, en la Comisión de Uso y Protección del Espacio Público de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando el macrismo planteó
sostener esta privatización escandalosa. En esa oportunidad el diputado Camps
de Proyecto Sur había presentado un proyecto para que la administración del Zoo
retorne a la Ciudad. También el Centro Argentino para el Derecho Animal y
Ambiental presentó una propuesta para “refuncionalizar el espacio” y que el
zoológico se convierta en un centro didáctico.
Pese a todo, el Gobierno porteño otorgó, a través de una subasta que tuvo tres oferentes, la concesión del zoológico de Buenos Aires a la empresa que explota el tradicional predio recreativo desde 1991, cuando le fuera concedida la administración por el ex intendente Carlos Grosso y que caducara el año pasado.
Con los plazos vencidos, el Gobierno porteño optó concesionar
el zoológico por solo 5 años -y no 20 como pretendían las autoridades porteñas
en un primer momento- lo cual no se requirió tratamiento en la Legislatura,
sino que pudo efectuarlo directamente el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el diputado Francisco "Tito" Nenna
afirmó que la subasta fue "una entrega vergonzosa que obedece a la
permanente complacencia del macrismo con el sector privado", y confirmó
que desde la Legislatura insistirán en pedir "una auditoría de corte que contemple
las especies faunísticas, el mantenimiento edilicio y un plan que sirva a fines
pedagógicos".
En tanto, los diputados María José Lubertino y Adrián Camps
denunciaron que tuvieron que forcejear con el personal de seguridad que
custodiaba el ingreso a la sede del Banco Ciudad de Esmeralda al 600 -donde se
llevó a cabo la licitación- porque no los dejaban ingresar cuando ese acto
"era público".
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, se
han perdido más de cien especies: el 55% de las aves y el 23% de los mamíferos.
Los edificios históricos se encuentran en estado ruinoso y constituyen un
peligro para los animales y las personas. Además, de los 12 mil volúmenes de la
biblioteca de valor patrimonial, sólo quedan 300. La concesión al grupo
mexicano CIE está vencida desde el 1° de febrero de 2011 y la empresa debía reintegrar
los bienes y la colección de animales en un plazo no mayor a los 30 días -según
lo dispone el contrato de 1991-.
Los animalistas y medio ambientalistas afirman que el
gobierno de Mauricio Macri no ha dado ningún paso para recuperar ese
patrimonio, que pertenece al conjunto de los ciudadanos de Buenos Aires
prevaleciendo el mejor postor económico, y no quien más antecedentes
científicos o conservacionistas tenga.
El Centro Argentino para el Derecho Animal y Ambiental
propone cambiar el modelo de zoo de cien años atrás, por un Jardín Ecológico, depositario
judicial de los cientos de animales que son decomisados a diario en las
operaciones frustradas de contrabando. También es importante restituir los
animales autóctonos a su medio ambiente, a la mayor brevedad posible, sin que
estos estén exhibidos al público.
Cambiar el modelo de zoológico por un Jardín Ecológico
resulta una necesidad imperiosa para las organizaciones animalistas y medio
ambientales. La idea es generar un lugar que se constituya en un verdadero
centro de investigación destinado a la conservación y reproducción de especies
en peligro de extinción, y a la concientización sobre protección y cuidado del
medio ambiente en la Ciudad de Buenos Aires.
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