El Gobierno está decidido a avanzar con la adecuación aunque
se espera que la Cámara
Civil y Comercial suspenda la aplicación de la ley de medios
y, llegado el caso, irá a la
Corte vía per saltum.
El juez Alfonso ratificó, el
viernes último, la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Su sentencia ratifica, del mismo modo que el fiscal Fernando
Uriarte, que no hay riesgo para la libertad de expresión ni la libertad de
prensa y que Clarín podría realizar, llegado el momento, algún planteo de orden
patrimonial.
Esto habilita
a que el Afsca inicie el proceso de oficio aprobado el 3 de diciembre último
por el directorio del organismo, acción
que no necesita de una nueva resolución administrativa por parte de la Autoridad de Aplicación,
ya que la misma había sido aprobada para iniciarse el 10 de diciembre y luego
fue suspendida por la Cámara
el 6 de diciembre pasados.
Por ello, el titular
de ese organismo, Martín Sabbatella notificará al Grupo Clarín que comenzará
con la tasación de las licencias y los bienes afectados a ellas, proceso que, según
fuentes de la Afsca ,
culmina en la transferencia de la licencia y tarda alrededor de tres meses. Sin
embargo, se esperan nuevos obstáculos judiciales para dilatar el procedimiento.
Esto podría
suceder mediante la aplicación de efectos suspensivos en la apelación o con una
nueva medida cautelar, situaciones jurídicamente diferentes, pero con un resultado
semejante.
Este lunes
Clarín realizará su planteo y está claro que su estrategia está cifrada sobre
los tiempos en los que podrá concretarse la aplicación integral de
Sabbatella, expresó
días atrás en Página12 que “resta saber si, más allá de las novedades que
puedan producirse en las próximas semanas, al final del camino la Corte ratificará el criterio
de su fallo del 22 de mayo y determinará que todos los plazos están vencidos, o
si le concederá a Clarín el plazo de un año para presentar su plan de
adecuación”.
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